Los terroristas de Boston

A las 06.42 del 16 de abril de 2012, Dzhojar Tsarnaev hizo su primer tuit del día. A esa hora, los primeros corredores se preparaban para el Maratón de Boston. El chico tuiteó, en inglés: «Gastarán su dinero y se arrepentirán y serán derrotados». La frase sale de un versículo del octavo capítulo del Corán dedicado a la batalla de Badr en que Mahoma ganó a sus rivales de La Meca y que suelen citar extremistas islámicos. El pasaje termina así: «Los infieles serán congregados hacia el infierno». 

El FBI cree que Dzhojar y su hermano preparaban el atentado desde hace más de un año. La investigación se centra en los seis meses que el mayor, Tamerlan, pasó en Rusia, con visitas a Chechenia. En 2011, el FBI lo interrogó tres veces a petición de Moscú por su interés en el islamismo, pero no encontró pruebas de que fuera una amenaza. Los agentes pidieron más información a Rusia, que no contestó.

La pista de Rusia llegó por las posibles conexiones del chico con el extremismo checheno y los agentes hablaron con Tamerlan porque, según su padre, tenían que asegurarse de que «nadie plantaba bombas en las calles de Boston». En verano de 2011 informaron a Moscú de que el chico no parecía tener relación con el terrorismo nacional o internacional. Entonces, el sospechoso no había dejado tantas pistas en internet. El año siguiente se abrió una cuenta de YouTube donde colgaba, difundía y apoyaba vídeos con mensajes extremistas. 

El hermano pequeño era más pasivo y ha dejado menos rastros políticos por la web, pero los agentes también analizan ahora la cuenta de Twitter del joven @J_tsar, cuya autenticidad ha sido confirmada por sus amigos y compañeros de clase. Buscan detalles que puedan ayudar a reconstruir qué hicieron los hermanos y con la ayuda de quién, tal vez en Chechenia, donde Tamerlan pudo recibir entrenamiento. 

«El ataque estaba muy bien planeado», dijo Ed Davis, el jefe de policía de Boston tras la persecución de casi 23 horas del sospechoso. 

Familiares y amigos describen a Dzhojar como un estudiante dulce y divertido y los investigadores creen que se radicalizó por influencia de su hermano. La mayoría de los mensajes del chico de 19 años, que tuiteaba con el nombre americanizado de Jahar, son sobre sus clases, su coche, el tiempo o sus viajes (hizo al menos dos a Nueva York en cinco meses), pero unos pocos dan claves sobre qué podía estar planeando hace un año. «Moriré joven», escribía en cirílico el 22 de abril del año pasado. Esas semanas, algunos tuits tenían un tono especialmente oscuro: «Un día cerraréis vuestros ojos, para siempre», decía. La única referencia expresa a la carrera de Boston aparece en otoño. «El Maratón de Boston no es un buen lugar para fumar, hermano», le decía el 8 de octubre a @therealAbdul, una cuenta en Twitter a la que solía contestar y que ya no está accesible. 

La Fiscalía podría tener suficientes pruebas contra Dzhojar, por el vídeo grabado por una tienda en el que se ve cómo deposita la mochila con los explosivos, el asesinato de un policía en Cambridge y la violenta fuga. Pero los investigadores quieren que dé los máximos detalles posibles sobre el plan. Por ello, aunque es un ciudadano estadounidense -se nacionalizó el 11 de septiembre del año pasado-, de momento no ha tenido los mismos derechos que otros detenidos por crímenes. 

El equipo especial antiterrorista del FBI y la CIA, creado por la Administración Obama en 2009 para interrogar a sospechosos de terrorismo, estaba el viernes desplegado en Watertown, la pequeña ciudad a 14 kilómetros de Boston donde el chico fue arrestado después de la dramática operación de captura y el toque de queda para toda la ciudad y alrededores. 

Cuando el joven salió de la barcaza aparcada delante de una casa del suburbio y fue detenido, nadie le dijo que tenía «derecho a permanecer en silencio» o que todo lo que dijera podía ser utilizado en su contra. Los llamados Derechos Miranda, en honor a una decisión del Supremo de 1966, se pueden dejar de pronunciar ante una situación que afecte a «la seguridad pública». La consecuencia es que un arrestado puede ser interrogado sin un abogado y lo que diga sí puede ser empleado en otra investigación o en un juicio. Un abogado podría disputar esta excepción, pero hay otra sentencia del Supremo de 1984 que avala esta posibilidad. 

El viernes por la noche, Dzhojar estaba cubierto de sangre por las heridas de bala y fue llevado inmediatamente al hospital. Por ello, aún le podrían ser leídos sus derechos en los próximos días, pero la Administración se quiere guardar el máximo tiempo posible esta carta, que ya utilizó en 2009 en el caso del detenido que pretendía atentar con explosivos pegados a los calzoncillos en un vuelo. 

El terrorista muerto

«Lo último que quieren decirle al sospechoso de Boston es que se quede en silencio», dijo el senador Lindsey Graham. El republicano también ha pedido que el joven sea tratado como «combatiente enemigo» e incluso sea juzgado por un tribunal militar. Graham dijo que debe hacerse así «para proteger» a Estados Unidos, «que está bajo la amenaza del islam extremista». Pero esta posibilidad no se aplica a los ciudadanos estadounidenses y el presidente Barack Obama ya insinuó el viernes que quiere que se juzgue al «terrorista» (así lo llamó) en un tribunal civil. 

La política de la Administración es, de momento, intentar aprovechar la debilidad del sospechoso. El terrorista de los calzoncillos, un nigeriano llamado Umar Faruk Abdulmuttalab, confesó a una enfermera en el hospital cuando estaba siendo tratado por las quemaduras de sus explosivos y habló con el FBI dando muchos detalles antes de pasar por el quirófano. Cuando salió, los agentes le leyeron sus derechos y el detenido dejó de colaborar. 

Ahora Dzhojar Tsarnaev afrontará cargos por los atentados, el asesinato de un policía en Cambridge y el tiroteo durante la persecución. Puede ser condenado por el uso de armas de destrucción masiva, que se puede castigar con la pena de muerte. Massachusetts no la tiene, pero éste es un delito federal. Aun así, salvo excepciones, la Fiscalía General del Estado tiene la política de no pedir la pena capital cuando el delito se ha cometido en un territorio que no la reconoce.