España no cobra la asistencia sanitaria a extranjeros sin recursos,pero esto va a cambiar.

España se gasta 450 millones de euros anuales en dar cobertura sanitaria a medio millón de ciudadanos europeos y extracomunitarios sin recursos económicos y no se lo cobra a los países de origen, a pesar de que hay convenios específicos para ello. Es uno de los ejemplos de los que habla el Tribunal de Cuentas para poner de manifiesto las numerosas «deficiencias» que ha detectado en la forma en que las administraciones, tanto la central como las autonómicas, facturan el uso por parte de los extranjeros de la sanidad pública. 

A la hora de justificar sus recortes sanitarios -sobre todo los referentes a la erradicación del turismo sanitario y la retirada de la tarjeta a los inmigrantes sin papeles-, el Gobierno ha estado utilizando estos días como documento de cabecera un informe del Tribunal de Cuentas que, en realidad, echa también un rapapolvo a la gestión pública de las prestaciones sanitarias. Así, el órgano fiscalizador señala que, en 2010, había 453.349 ciudadanos extranjeros sin recursos económicos con derecho a la asistencia sanitaria por los que España «no está percibiendo ningún recurso financiero de sus países de origen», lo que se traduce en un desembolso de 451.481.202 euros al año. 

«Ante el elevado coste económico que representa la asistencia sanitaria prestada a este colectivo para España, el Gobierno de la Nación debe impulsar las medidas legislativas oportunas para que el coste de la asistencia sanitaria prestada a dicho colectivo pueda ser derivado, en su caso, a sus respectivos países de origen», recomienda. 

Por un lado, el Gobierno ha quitado la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, pero ésta es una medida distinta. Los 453.349 extranjeros sin recursos a los que alude el Tribunal de Cuentas sí tienen papeles, pues más de la mitad son de la UE (rumanos, búlgaros, portugueses, italianos, británicos...). Por otro, el Ejecutivo va trasponer un artículo de una directiva europea que prohíbe expresamente que los extranjeros vengan a España exclusivamente a operarse. Pero, por ahora, no ha anunciado ninguna iniciativa legal para poder mejorar la forma en que España cobra a otros países por el uso que hacen sus ciudadanos de nuestra sanidad. 

¿Por qué no se factura esta asistencia, aunque hay convenios ad hoc? Actualmente, la Administración no puede cobrar por estos ciudadanos como si vivieran aquí porque «no tienen un formulario de derechos de residencia habitual emitido por sus países de origen». Tampoco los puede facturar como si fueran turistas o visitantes esporádicos, dado que, al menos en teoría, no tienen una tarjeta sanitaria europea emitida por su país. «Los otros países no están interesados en cambiar esta situación, toda vez que no les supone un coste financiero», dice. 

El Tribunal de Cuentas también ha detectado «deficiencias» en el procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona «sin recursos económicos suficientes». En primer lugar, critica que estos ciudadanos no tengan obligación de presentar un documento oficial de su país de procedencia que acredite que carecen de cobertura sanitaria en dicho país. En segundo, denuncia que sólo tienen que aportar una declaración jurada de ingresos económicos, a diferencia de los españoles, que tienen, a cambio, que justificar la insuficiencia de los mismos mediante la declaración del IRPF o un certificado que diga que no tienen obligación de presentar esta declaración. 

«Existe una discriminación en relación a las personas de nacionalidad española, que sí tienen que acreditar esta condición mediante la aportación de la pertinente documentación», llega a decir el Tribunal de Cuentas. E insta a la Seguridad Social y a los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas que «exijan» (y subraya este verbo en el informe) a los solicitantes «una certificación» expedida por los órganos competentes de su país «donde quede acreditado que carecen de recursos económicos suficientes y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria en su país de origen». 

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, se sirvió ayer de este informe del Tribunal de Cuentas para asegurar que «miles y miles» de rumanos que han regresado a su país usan para ir al médico allí la tarjeta sanitaria europea expedida en España, por lo que Rumanía factura este gasto a nuestro país. Pero en el informe sólo se advierte, en general, de un «riesgo de uso fraudulento», sin dar cifras ni aludir a ninguna nacionalidad. 

Por último, el Tribunal de Cuentas denuncia que la Seguridad Social nunca ha logrado que Brasil, Chile, Ecuador y Perú paguen por el uso que hacen sus ciudadanos de la sanidad española, a pesar de que hay convenios en vigor desde hace tiempo. En 2008, estos países debían más de cinco millones de euros. «El Gobierno debe adoptar las medidas oportunas para conseguir el reembolso de las deudas pendientes».