La Generalitat de Catalunya estudia la implantación de un impuesto a las compañías de ADSL para financiar el sector audiovisual catalán. «Se trataría de un canon de producción a la francesa», explicó ayer el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, en una entrevista en TV3.
Los productores catalanes valoran de forma «muy positiva» la medida mientras que las operadoras la rechazan «de forma unánime y contundente», según un comunicado conjunto hecho público ayer en el que anuncian que, de aprobarse la medida, solicitarán «su anulación ante las instancias jurídicas correspondientes Autonómicas, Regionales y Europeas».
Las operadoras, agrupadas en Redtel (que integran ONO, Orange, Telefónica y Vodafone) argumentan que a sus actividades ya se les aplica una alta fiscalidad y que, por ley, ya sufren una «serie figuras tributarias totalmente injustas y arbitrarias» como el 0,9% de sus ingresos totales, que van a parar a RTVE o el 5% de los ingresos audiovisuales, que deben reinvertir en producciones españolas o europeas, porcentaje que «viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat».
El impuesto, que se encuentra en fase de estudio, afectaría a las «compañías operadoras de servicios de conexión» a internet que operan en Cataluña y la idea es que éste no repercuta en el bolsillo de los ciudadanos. «Los precios de este tipo de conexiones actualmente ya son bastante caros. No tiene por qué afectar a la factura», afirmó Mascarell.
Aunque no ha trascendido la cifra que la Generalitat aspira a reunir, cómo se repartiría después ni de qué manera se recaudaría la tasa, el objetivo del Departament de Cultura es presentar esta nueva medida «a finales de año» para reforzar no sólo la industria del cine, sino todo el «sector audiovisual».
Un sector duramente tocado por la crisis, que afecta especialmente a las televisiones públicas, exhaustas de fondos para ejercer de productoras. A la crisis hay que sumarle otro factor: en los últimos dos años y tras el cambio de criterio del Ministerio de Cultura a la hora de otorgar las ayudas a la producción (ahora ya no se tiene en cuenta el criterio lingüístico, antes sí), el sector catalán ha dejado de percibir alrededor de «ocho millones de euros» en ayudas, calculan desde el Departament.
Con la Ley de Mecenazgo encallada y ante unos presupuestos menguados, Mascarell lleva meses explorando diferentes opciones para recaudar dinero para el cine y estudiando los diferentes modelos que aplican otros países europeos. El pasado julio, la productora Isona Passola, directora de la Acadèmia del Cinema Català, lanzó otra alternativa: imponer un canon para ver TV3, al estilo británico (en el Reino Unido, la BBC se financia mediante una tasa anual de 145 libras, unos 169 euros).
La propuesta no fue bien recibida y, casi de inmediato, descartada. Otra de las alternativas que se ha barajado es la aplicación del llamado céntimo cultural que en Francia se aplica a las entradas de cine. Esta opción también ha sido rechazada ante la negativa de los distribuidores. Francia es el único país europeo en el que se aplica un impuesto similar al que propone ahora el Govern (al ADSL), aunque éste va destinado a la televisión pública.
Desde la Federación de Productores Audiovisuales Federados (PROA) valoran de forma muy positiva la noticia, una vieja reivindicación del sector. «Se trataría de corregir una irregularidad del mercado audiovisual. No es normal que uno de los productos que más se consumen en el siglo XXI y que más actividad genera no revierta en el sector a través de una tasa industrial», explican desde PROA. «Nuestros datos corroboran que los productos audiovisuales generan demanda y que se consumen. El problema es el marco regulador de esta mercadería», añaden.
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